La protección del derecho al acceso real a la administración de justicia de las víctimas en el procedimiento de desarchivo de la indagación preliminar

156 páginasThe right to real access to the administration of justice for victims implies the possibility for these subjects of especial protection regardless of their economic status or otherwise to resort to the system provided for conflict resolution and vindication of their rights. It pretends different manifestations such as the right to be heard, to have suitable tools for dispute resolution and sanction of crimes, the right to an effective remedy, the right to an impartial investigation as wwll as the right to an independent and impartial tribunal, the right to obtain a response within a reasonable time and that is an accordance with the law. However, although its importance becomes effective in the face of the decision of the file of the proceedings issued by the investigating entity (art. 79 CPP), there are barriers to access to the procedure for the filing of the proceedings that prevent the effectiveness in the protection of that fundamental right, such as: The lack of sufficient parameters to define the meaning and scope of the cause for filing by new EMP or EF, the absence of ordinary procedural means expressly enshrined in Law 906 of 2004 to resume the investigation incases of manifestly arbitrary archival orders, among others that arise due to the lack of legislative regulation of that procedure, among other factors.El derecho al acceso real a la administración de justicia de las víctimas implica la posibilidad para estos sujetos de protección especial independiente de su condición económica o de otra naturaleza de acudir al sistema previsto para resolución de los conflictos y vindicación de sus derechos. Presenta diferentes motivaciones tales como el derecho a ser oído, de contar con herramientas idóneas para solución de controversias y sanción de los delitos, el derecho a un recurso efectivo, el derecho a una investigación imparcial así como el derecho un tribunal independiente e imparcial, el derecho a obtener una respuesta en un plazo razonable y que sea acorde al derecho. Sin embargo, pese a que su importancia cobra vigencia frente a la decisión del archivo de las diligencias proferida por el ente investigador (art. 79 CPP), existen barreras de acceso frente al procedimiento de desarchivo de las diligencias que impiden la efectividad en la protección de ese derecho fundamental como son: la falta de parámetros suficientes para definir el sentido y alcance de la causal de desarchivo por EMP o EF nueva, la ausencia de medios procesales ordinarios expresamente consagrados en la ley 906 de 2004 para reanudar la indagación en los casos de órdenes de archivo manifiestamente arbitrarias, entre otras que surgen por falta de regulación legislativa de ese procedimiento, entre otros factores.Magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho ProcesalMaestrí

El tiempo de la víctima

En este trabajo estudiaremos la asistencia a la víctima del delito, tema que presenta tanto desde su marco teórico como desde sus aspectos empíricos, un amplio abanico de posibilidades de abordaje. Al respecto nos hemos detenido especialmente en el análisis del sistema implementado por el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires y específicamente su aplicación empírica en el Departamento Judicial de La Plata, desarrollada desde la puesta en marcha del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito dependiente de la Fiscalía General del mencionado departamento judicial. No es posible abordar esta temática sin previamente analizar conceptos relevantes en victimología, ciencia que estudia a la víctima del delito, razón por la cual presentaremos el conjunto de saberes doctrinarios que se han ocupado de la misma, como asimismo el plexo normativo de diversa jerarquía, tanto internacional como nacional que introduce un extenso conjunto de derechos relativos a la víctima, y cuyo desarrollo integra la primera parte de esta obra.Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociale

Víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del conflicto armado interno: el rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú

Premio Extraordinario de Doctorado de la UAH en el año académico 2015-2016La tesis "Víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del conflicto armado interno: el rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú" aborda el tema de la justicia transicional tomando como base de las actuaciones del Defensor del Pueblo en estos tres países. En este estudio comparado se parte de la premisa de que el diseño institucional del Defensor del Pueblo en España como institución de garantía se gestó, de acuerdo con la bibliografía consultada, dentro de un contexto de transición para la defensa de los derechos fundamentales. La actuación de estas tres instituciones del Defensor del Pueblo se observa a través de sus rendiciones de cuentas anuales, el denominado Informe Anual que realizan ante el Congreso. El marco temporal de esta reflexión se inicia con el primer informe anual de esta institución de garantía y llega hasta el 2010. En el primer capítulo se pergeña el ámbito de la justicia de transición, los esfuerzos y los mecanismos del derecho a la justicia, derecho a la verdad, derecho a las reparaciones y las garantías de no repetición. En el segundo capítulo se describe los procesos de transición y los ombudsmen. La institución del Defensor del Pueblo tiene su punto de partida en el Ombudsman sueco. Sin embargo, a lo largo de su historia institucional en diferentes países y zonas geográficas ha sufrido procesos de adaptación en sus diferentes adopciones. En el caso de la península ibérica, España y Portugal, esbozan un ombudsman muy diferente al sueco. Se ocupa de su labor tradicional de intermediar entre la ciudadanía y la Administración y, a su vez, con la tarea de la defensa de los derechos fundamentales. En el ámbito latinoamericano la identidad institucional, por lo general, es la defensa de los derechos fundamentales e igualmente la supervisión de la Administración estatal. A su vez, el paradigma de los derechos humanos ha impulsado que los Convenios y Tratados internacionales sobre derechos humanos no queden solamente en declaraciones y para ello, han ido erigiéndose las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), a la que muchos Defensores del Pueblo se han adherido y con ello, adquieren ciertas obligaciones, entre las que destacan las vinculadas al ámbito de justicia de transición, pues deben ser muy proactivos, por ejemplo, en el tema de desapariciones y garantías de no repetición, entre otros aspectos. Se ha valorado cómo las INDH/Defensores del Pueblo han cumplido con estas obligaciones, dependiendo de si han quedado reflejadas en los Informes anuales. Esto ha permitido observar que no todos han actuado igual, muchas veces, influidos fuertemente por el contexto, como la transición en el caso español. En el capítulo III se aborda el tema de derechos humanos, indicadores y justicia transicional. Ahí se realiza la sugerencia de que las medidas (políticas públicas que se traducen en programas o proyectos) que se implementen en la justicia de transición en justicia, verdad, reparación o garantías de no repetición sean monitoreadas a través de una matriz de seguimiento e indicadores propuestos por Naciones Unidas, que podrían ser introducidos en los informes anuales. Y finalmente, el cuarto capítulo, se presentan los Informes Anuales de los tres países en lo que respecta a sus actuaciones en justicia de transición. En España entre 1983- 2010, en Guatemala entre 1987- 2010 y en Perú entre 1996- 2010

Víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del conflicto armado interno: el rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú

Premio Extraordinario de Doctorado de la UAH en el año académico 2015-2016La tesis "Víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del conflicto armado interno: el rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú" aborda el tema de la justicia transicional tomando como base de las actuaciones del Defensor del Pueblo en estos tres países. En este estudio comparado se parte de la premisa de que el diseño institucional del Defensor del Pueblo en España como institución de garantía se gestó, de acuerdo con la bibliografía consultada, dentro de un contexto de transición para la defensa de los derechos fundamentales. La actuación de estas tres instituciones del Defensor del Pueblo se observa a través de sus rendiciones de cuentas anuales, el denominado Informe Anual que realizan ante el Congreso. El marco temporal de esta reflexión se inicia con el primer informe anual de esta institución de garantía y llega hasta el 2010. En el primer capítulo se pergeña el ámbito de la justicia de transición, los esfuerzos y los mecanismos del derecho a la justicia, derecho a la verdad, derecho a las reparaciones y las garantías de no repetición. En el segundo capítulo se describe los procesos de transición y los ombudsmen. La institución del Defensor del Pueblo tiene su punto de partida en el Ombudsman sueco. Sin embargo, a lo largo de su historia institucional en diferentes países y zonas geográficas ha sufrido procesos de adaptación en sus diferentes adopciones. En el caso de la península ibérica, España y Portugal, esbozan un ombudsman muy diferente al sueco. Se ocupa de su labor tradicional de intermediar entre la ciudadanía y la Administración y, a su vez, con la tarea de la defensa de los derechos fundamentales. En el ámbito latinoamericano la identidad institucional, por lo general, es la defensa de los derechos fundamentales e igualmente la supervisión de la Administración estatal. A su vez, el paradigma de los derechos humanos ha impulsado que los Convenios y Tratados internacionales sobre derechos humanos no queden solamente en declaraciones y para ello, han ido erigiéndose las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), a la que muchos Defensores del Pueblo se han adherido y con ello, adquieren ciertas obligaciones, entre las que destacan las vinculadas al ámbito de justicia de transición, pues deben ser muy proactivos, por ejemplo, en el tema de desapariciones y garantías de no repetición, entre otros aspectos. Se ha valorado cómo las INDH/Defensores del Pueblo han cumplido con estas obligaciones, dependiendo de si han quedado reflejadas en los Informes anuales. Esto ha permitido observar que no todos han actuado igual, muchas veces, influidos fuertemente por el contexto, como la transición en el caso español. En el capítulo III se aborda el tema de derechos humanos, indicadores y justicia transicional. Ahí se realiza la sugerencia de que las medidas (políticas públicas que se traducen en programas o proyectos) que se implementen en la justicia de transición en justicia, verdad, reparación o garantías de no repetición sean monitoreadas a través de una matriz de seguimiento e indicadores propuestos por Naciones Unidas, que podrían ser introducidos en los informes anuales. Y finalmente, el cuarto capítulo, se presentan los Informes Anuales de los tres países en lo que respecta a sus actuaciones en justicia de transición. En España entre 1983- 2010, en Guatemala entre 1987- 2010 y en Perú entre 1996- 2010

Etapa Procesal de la Acción de Extinción de Dominio.

Generalidades de la Extinción de Dominio – Acción de Extinción de Dominio – Norma Procesal Supletoria de la Fase Judicial de Extinción de Dominio

El delito de blanqueo de capitales

Desde que los mafiosos estadunidenses de la década de 1920 justificaban sus abultadas ganancias procedentes del contrabando del alcohol a través de una red de lavanderías de textiles o cuando el mafioso italoamericano Michael Franzese usó una lavandería de ropa en seco para resolver el problema del olor a combustible que tenían los millones de dólares en billetes de baja denominación procedentes de las estaciones de gasolina de la costa este de los Estados Unidos y producto del fraude controlado por la mafia al fisco de ese Estado, se popularizó la expresión lavado de dinero para referirse al proceso de regularización o normalización del activo ilícito al introducirse al flujo legal económico. Ahora, uno de los problemas principales que enfrenta el delito de blanqueo de capitales es la ausencia de una definición global compartida, lo que dificulta la lucha contra un delito cada vez más globalizado y fundado en ilicitudes que comprenden desde el primario hurto hasta el electrónico, la corrupción, la cartelización empresarial, el narcotráfico e incluso la guerra y los conflictos internos..

El delito de blanqueo de capitales

Desde que los mafiosos estadunidenses de la década de 1920 justificaban sus abultadas ganancias procedentes del contrabando del alcohol a través de una red de lavanderías de textiles o cuando el mafioso italoamericano Michael Franzese usó una lavandería de ropa en seco para resolver el problema del olor a combustible que tenían los millones de dólares en billetes de baja denominación procedentes de las estaciones de gasolina de la costa este de los Estados Unidos y producto del fraude controlado por la mafia al fisco de ese Estado, se popularizó la expresión lavado de dinero para referirse al proceso de regularización o normalización del activo ilícito al introducirse al flujo legal económico. Ahora, uno de los problemas principales que enfrenta el delito de blanqueo de capitales es la ausencia de una definición global compartida, lo que dificulta la lucha contra un delito cada vez más globalizado y fundado en ilicitudes que comprenden desde el primario hurto hasta el electrónico, la corrupción, la cartelización empresarial, el narcotráfico e incluso la guerra y los conflictos internos..

El derecho como fenómeno tecnológico: elementos para un análisis tecnológico del derecho y un estudio de caso

[ES]La presente tesis busca formular al menos bases sólidas para poder entender el fenómeno jurídico como un fenómeno tecnológico, persiguiendo las bondades de marco social, análisis y evaluación que nos puede proveer una mirada como ésta. Las conclusiones de esta tesis nos llevarán, no solamente a dar cuenta de la viabilidad o inviabilidad del entendimiento o abordaje del Derecho como tecnología social, sino también, a esbozar ciertas proyecciones que afloran de este abordaje, tanto con relación a algunos aspectos puntuales del fenómeno y quehacer jurídicos (invitando a un replanteamiento de los mismos), como sobre lo que podría ser el propio futuro de la cuestión jurídica frente a una cuarta ola “tecnológica” que lo reta de una forma cada vez más directa. Y, dado lo relativamente novedoso del enfoque que proponemos, a lo que al final se está invitando a través de éste no es algo concluido, sino más bien (como algún metodólogo investigativo nos señalaba recientemente a varios doctorandos) el marcaje de un comienzo para muchas exploraciones y actuaciones hacia el futuro alrededor de lo que aceptamos mayoritariamente como “el campo del Derecho”*

Relaciones entre iglesia y estado argentino: un análisis desde la perspectiva de los derechos humanos

En esta investigación se analiza la libertad religiosa, en tanto derecho fundamental, y el principio de igualdad y no discriminación por motivos ideológicos y religiosos en el estado argentino. El trabajo encuentra su núcleo en el rol que ha desempeñado el vínculo entre Iglesia católica y Estado argentino—y, por extensión, con sus habitantes—desde su fundación hasta la actualidad. Lo que nos ocupará principalmente es conocer cómo ese vínculo determinó y determina el ejercicio de varios derechos humanos reconocidos.Programa Oficial de Doctorado en DerechoPresidente: José Contreras Mezario; Secretario: Raquel Tejón García; Vocal: Carlos Ramón Fernández Lies